Reunión Ampliada del CNDT y COMICIVYT aborda desafíos del Proyecto de ley de Parcelaciones

La jornada, que contó con la participación de más de 50 actores del sector público, privado y la sociedad civil, tuvo por objetivo analizar el impacto de las parcelaciones rurales en el territorio chileno. Además, se subrayó la importancia de establecer nuevas regulaciones que equilibren el desarrollo habitacional y la protección del suelo agrícola y ambiental.

30 de agosto 2024. El Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT) y la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT) llevaron a cabo una reunión ampliada que reunió a más de 50 participantes, incluyendo autoridades públicas, expertos del sector privado y representantes de la sociedad civil. El tema central fue el análisis del Proyecto de Ley de parcelaciones, una legislación diseñada para regular la subdivisión del suelo rural y su impacto en el medioambiente, la agricultura, planificación territorial y las comunidades.

Paola Jirón, presidenta del CNDT, abrió la sesión destacando la importancia de abordar con urgencia el fenómeno de las parcelaciones descontroladas. «Estamos ante un crecimiento exponencial de subdivisiones en suelo rural que amenaza tanto la capacidad agrícola del país como los ecosistemas. Con esta legislación buscamos garantizar un desarrollo más armónico y sostenible, protegiendo los suelos productivos y el medio ambiente, mientras ofrecemos soluciones habitacionales adaptadas a la ruralidad».

A lo largo de la sesión, Pablo Contrucci, Secretario Ejecutivo de la COMICIVYT, enfatizó la magnitud del problema, subrayando que la extensión de las parcelaciones ya ocupa superficies que equivalen al área urbanizada de todo el país. «Lo más preocupante es la velocidad con la que este fenómeno ha crecido. En solo un año, entre 2021 y 2022, se crearon más de 70.000 nuevos predios rurales. Esta explosión nos obliga a pensar en cómo regular este desarrollo para evitar que la presión sobre el suelo rural se traduzca en daños ambientales irreversibles».

Entre los asistentes, Xavier Palominos, abogado del Ministerio de Agricultura, resaltó el impacto directo que este fenómeno ha tenido sobre los servicios públicos, particularmente el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). «El incremento en las solicitudes de subdivisión de predios rústicos ha puesto una enorme presión sobre nuestro sistema. Solo en 2022, gestionamos más de 22.000 solicitudes, lo que representa un desafío operativo y administrativo considerable. Esta situación evidencia la necesidad de una regulación más estricta y un fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora».

Además, subrayó que uno de los objetivos fundamentales del proyecto es diferenciar claramente entre las subdivisiones agrícolas y aquellas destinadas a fines habitacionales. Según explicó, el proyecto de ley introduce una nueva figura legal, los «conjuntos residenciales rurales», que permitiría el desarrollo habitacional en áreas rurales, pero bajo estrictas regulaciones ambientales y de sostenibilidad. «La clave es permitir la vida rural sin sacrificar el entorno natural ni la función agrícola del suelo», dijo Palominos.

Magdalena Claude, asesora Gabinete de la Subsecretaría de Agricultura, complementó el debate al señalar las implicancias de las parcelaciones en la gestión del territorio. «La fragmentación del suelo no solo está descontrolada, sino que además genera discontinuidades que afectan la infraestructura, la conectividad y los servicios básicos. Estamos viendo cómo el desarrollo por parches compromete la coherencia territorial, y sin una intervención normativa adecuada, la planificación urbana quedará en manos de los desarrolladores privados, no del Estado».

Uno de los momentos más importantes del debate fue la discusión en torno a la sostenibilidad del modelo propuesto. En este contexto, Paola Jirón advirtió que «si bien las nuevas regulaciones pueden aumentar el costo de desarrollar viviendas rurales, estos costos son necesarios para reflejar el verdadero impacto que la parcelación tiene sobre el territorio. No podemos permitir que la presión por habitar en áreas rurales continúe a expensas del medio ambiente y los recursos naturales».

La reunión concluyó con un amplio consenso sobre la necesidad de avanzar hacia un marco normativo más riguroso para las parcelaciones rurales. Se destacó la importancia de desarrollar conjuntos residenciales rurales que garanticen altos estándares de sostenibilidad, limitando el impacto en los ecosistemas y asegurando el uso eficiente de los suelos agrícolas. Asimismo, se acordó que el proyecto de ley deberá incorporar mecanismos de fiscalización robustos para garantizar el cumplimiento de las normativas y mitigar las externalidades negativas de las subdivisiones descontroladas.

Este encuentro fue clave en el proceso de creación de una legislación que equilibre las demandas de desarrollo habitacional con la protección del suelo rural. En los próximos meses, el CNDT y la COMICIVYT continuarán trabajando en analizar las observaciones y propuestas de los distintos actores involucrados en el debate.