Columna de opinión de la pdta. del CNDT Paola Jirón.
¿Cuánto cambiamos y aprendimos en diez años? ¿Cuántos eventos vivimos y tuvimos que enfrentar con diversas capacidades de resiliencia y adaptación durante ese periodo? De hecho, tras la mayor tragedia de incendios forestales (en la que el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial CNDT está colaborando con medidas a corto, mediano y largo plazo) resulta urgente actualizar nuestra Política Nacional de Desarrollo Urbano, que cumple 10 años desde su promulgación, para abordar con mayor énfasis medidas de adaptación al cambio climático, la gestión de riesgos, interseccionalidad, convivencia social, seguridad, asentamientos irregulares, entre otras prioridades.
Los efectos del cambio climático son una realidad y afectan principalmente a la población más vulnerable. Por esa razón, avanzaremos en una política renovada que promueva una planificación y ordenamiento territorial acorde para enfrentar la escasez hídrica, la inundación de zonas costeras, incendios, la crisis alimentaria, y la conservación de especies y zonas de alto valor ecológico, amenazadas por el crecimiento desregularizado de zonas urbanas. Además, necesitamos planificar entendiendo el rol de nuestras ciudades ante el envejecimiento de la población, la crisis de los cuidados o frente una nueva pandemia.
Sin duda ha sido un periodo significativo, en el que la política permitió poner en el centro del debate la planificación territorial con principal foco en el bienestar de las personas. Además, junto con la creación del ex Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que fue constituido oficialmente en ese momento, se consolidó como una política de Estado que tendió puentes de trabajo con diversos actores para el desarrollo de 15 propuestas, estudios públicos, guías e instancias de diálogo. Es decir, mantuvo su rol de asesor presidencial, pero, también, produciendo un capital relevante para otras instituciones pública y privadas, que también sirvió de cimiento para numerosas propuestas de ley, programas, normativas, guías, etc., elaboradas por diversas instancias del aparato público.
Hoy, bajo una nueva institucionalidad que fomenta una mirada territorial, acorde a los nuevos desafíos y asociando la inevitable relación entre el mundo urbano y rural, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial mantiene en vigencia dicha historia y aprendizaje para avanzar en una de las principales labores: la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. En dicha tarea y en paralelo al trabajo del Consejo, abriremos puentes de participación nacionales y regionales, junto con la constitución inédita de mesas de trabajo con asesores urbanistas de municipalidades y de consejeros regionales de las comisiones de ordenamiento territorial.
Además, esta política pondera especial énfasis a temas socioambientales al someterse al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), proceso que actualmente está en fase de aprobación por el Presidente de la República para su inicio. La importancia de la EAE en la formulación de políticas públicas es fundamental para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia de nuestras comunidades frente a los desafíos ambientales y climáticos actuales. Al someter la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano a este proceso, no solo estamos cumpliendo con un requisito formal, sino que estamos adoptando un enfoque proactivo para integrar la dimensión ambiental en los niveles más altos de decisión política y estratégica del Estado, donde además la EAE actúa como un catalizador para promover la participación ciudadana y la transparencia en el proceso de toma de decisiones. De esta forma, se refuerza el compromiso del Estado con la protección del medio ambiente, la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos, lo que resulta en políticas más robustas, inclusivas y sostenibles.
Necesitamos del apoyo de todos los sectores para que en coordinación dispongamos de una renovada política, vigente y que oriente el desarrollo de nuestro país y guie en la búsqueda de un mejor futuro para todos sus habitantes. Esta actualización es una gran oportunidad para enfrentar las complejidades territoriales que estamos viviendo en los últimos años, y gracias a nuestros consejeros/as, expertos/as, las regiones y municipios, las mesas ampliadas y la ciudadanía en general, esperamos contar con una nueva versión responda a la diversidad del país y sus necesidades territoriales.